Las empresas constructoras invertirán seis billones de pesos (bdp) en infraestructura durante el sexenio de Claudia Sheinbaum, informó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Luis Méndez Jaled.
Sin embargo, el directivo dijo en conferencia de prensa que esta cantidad podría llegar a los siete billones de pesos, dependiendo de varios factores como el crecimiento económico, la certidumbre jurídica y la seguridad.
La inversión de las constructoras representa poco más de 66 por ciento del presupuesto federal planteado para 2025. Además, con esta inyección de capital, la iniciativa privada aportará seis de cada 10 pesos en infraestructura hasta 2030.
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En el primer año de la administración de Claudia Sheinbaum, las constructoras privadas invertirán un billón de pesos, de los cuales 65 por ciento se destinará a edificación, 20 por ciento a obras de ingeniería civil y el resto a trabajos especializados.
En tanto, el gobierno federal tendrá una participación de 40 por ciento de la inversión en infraestructura.
De acuerdo con el Paquete Económico de 2025, el presupuesto del gobierno para infraestructura física será de 849 mil millones de pesos, de los cuales 542 mil millones se destinarán a obra pública, lo que representa una disminución de 10 por ciento en términos reales frente al asignado para este año.
Pese a la reducción en los recursos públicos para obra pública, el sector ve con optimismo el gasto planteado dado que se aumentó en más del doble el gasto de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el del Ejército se redujo en 72 por ciento, dijo Méndez Jaled.
“La inversión en este presupuesto tiene una disminución en infraestructura física y podría decirse que van mal las cosas, pero para nosotros es un buen mensaje que la SICT vuelve a tener un peso importante, vuelve a tener una administración importante, eso lo vemos con buenos ojos”, declaró.
De acuerdo con el directivo, la iniciativa privada tendrá la oportunidad de participar en obras de carreteras y ferroviarias, entre otras.
Destacó que de los 10 proyectos ferroviarios para este sexenio, sólo tres se asignarán al Ejército y en la mayoría podrá participar la iniciativa privada.
Respecto a las oportunidades de la relocalización o nearshoring, dijo que las empresas privadas desarrollarán la mayoría de los cien parques industriales planteados por el gobierno.
“Para el tema de la relocalización se necesitan infraestructura, además de ventajas competitivas, comerciales, proveeduría, Estado de Derecho, agua, energía, logística —que es el sistema nervioso— que está muy bien atendida con carreteras, puertos, aeropuertos, con vías férreas”, sostuvo.
El directivo advirtió que hay retos para el sector, el principal de ellos, señaló, es que con estos montos la inversión en infraestructura en el país sera equivalente a 2.5 por ciento del PIB, cuando se requiere entre cinco y seis por ciento.
Otro de los desafíos será el crecimiento económico nacional que, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda será de entre dos y tres por ciento pero calificadoras e instituciones privadas esperan la mitad o menos.
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La inseguridad en diversas zonas del país y el Estado de Derecho también son retos que la industria ve para este sexenio. Méndez Jaled dijo que la reforma judicial, tal como quedó, puede desincentivar a las empresas a participar en Asociaciones Público-Privadas (APPs).
“Sí afectaría un tema donde no existe esta certeza y donde los niveles o los índices económicos no sean positivos, por lo que la inversión definitivamente no llegaría”, concluyó.
