Empresas que anteriormente eran asesoradas por sus contadores y algunas por abogados fiscalistas van a tener que integrar a su lista de asesores a abogados penalistas, debido a los supuestos delitos de evasión fiscal establecidos en las nuevas leyes federales, que criminalizan errores o fallas en declaraciones y pagos de impuestos.
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Osvaldo Martínez Jiménez, del Grupo Integral de Asesoría y Litigio, dijo que, aunque no hayan incurrido en ninguna ilegalidad, los empresarios deben tomar medidas de prevención que les permitan evitar que esto ocurra, para evitar que se genere el problema y luego intervengan los abogados.
El experto penal, participó este jueves, en la plática organizada por la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (ANADE), con el tema Reforma Fiscal Penal.
Dijo que la política que aplica el gobierno federal es represiva en cuestión de defraudación fiscal y evasión de impuestos.
“Considera que todo mundo puede ser objeto de defraudación fiscal y aplica políticas más severas, incluso penales, para apremiar a la gente a que pague sus impuestos”, agregó.
Esto hace que la recomendación a las empresas es que tengan un abogado penalista o que se asesoren para establecer una estrategia integral y que las conductas que realicen no incurran en una de carácter penal. Que no acudan al profesionista cuando ya tengan el problema, sino que traten de prevenirlo antes, recalcó.
“Creo que la política de recaudación va a seguir por esta vía. Algunos lo llaman terrorismo fiscal. Se puede discutir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la reforma, pero lo que sí es que ya está y se va a comenzar a aplicar”, dijo.
Comentó que el procurador fiscal de la federación, Carlos Romero Aranda, ya declaró que a partir de abril y mayo se girarán las primeras órdenes de aprehensión en contra de este tipo de personas.
Adelantó que la reacción de los abogados será la promoción de los amparos correspondientes, pero finalmente todo se va a resolver ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se verá si aguanta el golpe de inconstitucionalidad o no.
Señaló que se recomienda mejor tomar prevenciones para evitar problemas mayores, cuando venga una facultad de comprobación o una carpeta de investigación.
Apuntó que el abogado no necesariamente debe estar en la empresa, que cuando el administrador o el contador de la empresa tenga una duda, tome el teléfono y haga una llamada para pedir la asesoría del penalista.
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