El estado de Chihuahua obtuvo un primer lugar en el indicador de Relaciones Internacionales, al tener la mayor exportación de mercancías como porcentaje de su Producto Interno Bruto (PIB), y por ser la quinta entidad con mayor inversión extranjera directa, de acuerdo con el Índice de Competitividad Estatal 2020.
En el documento elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que fue presentado en conferencia virtual realizada este martes, se menciona también las medidas que las entidades han elaborado para lograr una pronta recuperación en la reactivación económica durante la pandemia del Covid-19.
Chihuahua se ubicó en el tercer lugar en cuanto a las entidades que lograron primeros lugares en el indicador, por debajo de la Ciudad de México y Querétaro.
En el estudio se establece también que nuestra entidad ha avanzado en la estrategia anticorrupción en las compras públicas.
En el mismo documento del instituto, encabezado por Valentín Diez, se indica que desde 2016, Chihuahua ha realizado una serie de políticas importantes que, de manera coordinada buscan mejorar el marco legal e implementar políticas innovadoras para combatir la corrupción.
También destaca que Chihuahua obtuvo, por segundo año consecutivo, un cumplimiento del 100 por ciento en los 116 criterios evaluados por el Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE), el cual mide la calidad de la información presupuestal disponible a la ciudadanía de las 32 entidades federativas.
Esta calificación ubicó al estado en el primer lugar a nivel nacional.
Con respecto al Índice de Información del Ejercicio del Gasto (IIEG) 2019, el cual analiza la disponibilidad y calidad de la información sobre el ejercicio de los recursos públicos de los 32 poderes ejecutivos estatales, añade, Chihuahua obtuvo una calificación de 74.3, la cual ubicó al estado en la novena posición a nivel nacional, cuatro lugares arriba en comparación con el año anterior.
Destaca también las acciones de control del gasto público que iniciaron desde el 2018, con resultados importantes.
El estudio hace alusión a la presentación, en octubre del 2018, del Fondo de Reparación Justicia para Chihuahua, un fondo que tiene como objetivo resarcir los daños ocasionados por casos de corrupción mediante la construcción de obras de gran impacto social, utilizando los recursos recuperados de estos actos.
Esto permitió la recuperación de activos por 345 millones 285 mil 296 pesos, de los cuales 307 millones 129 mil 130 fueron detectados por medio de auditorías y créditos fiscales, de acuerdo con lo reportado en noviembre del año pasado.
En este estudio se analizan diferentes acciones que se llevan a cabo en las entidades del país.
El IMCO propone para el estado de Chihuahua garantizar la transparencia presupuestaria y de gasto.
“Es esencial contar con información suficiente que permita conocer los planes y acciones del gobierno en materia presupuestaria para saber a dónde va el dinero y cómo fue ejercido”-
Cerrar espacios de discrecionalidad en los procesos de compra pública. Modificar las leyes para establecer criterios claros en los procesos de contratación, que favorezcan la competencia económica, utilizar herramientas tecnológicas para detectar e investigar prácticas de riesgo de corrupción.
En relación a la pandemia del Covid 19, en el que el estado implementó algunos apoyos a micro y pequeñas empresas, destaca que lo que inició como una crisis sanitaria se convirtió rápidamente en una crisis económica que el Fondo Monetario Internacional ha denominado El Gran Confinamiento: una crisis con el potencial de convertirse en la recesión económica más importante en casi 100 años, solo después de la Gran Depresión de 1929.
“México no es la excepción. La súbita interrupción de las relaciones entre individuos, empresas y sectores económicos, que dábamos por sentadas hasta hace unos meses, han afectado en mayor o menor medida a todos los sectores en los que se clasifica la actividad económica nacional, particularmente a los considerados como no esenciales”, destaca.
Es difícil prever cuáles serán las consecuencias de estas crisis en el corto, mediano y largo plazo, cual sea su intensidad y duración dependerá, en gran medida, de cómo se articulen las respuestas de los distintos órdenes de Gobierno del país, y en particular, de cómo respondan las autoridades de las 32 entidades federativas.
También considera que independientemente de las acciones que implemente el gobierno federal, los gobiernos de los estados deben desempeñar un papel fundamental en reactivar la economía nacional.
Los programas y acciones, que implementen los gobiernos estatales, consigna el documento, deberán enfocarse en proteger los ingresos de las familias, conservar los puestos de trabajo y evitar el cierre de las micro, pequeñas y medianas empresas, para evitar que una crisis de liquidez se convierta en una crisis de solvencia.
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