En apenas 22 días, Claudia Sheinbaum recibirá el mando de un país diferente al que votó por una mujer moderada, con solidez académica y eficacia gubernamental.

La reforma judicial será tóxica para todos los niveles de nuestra política; Andrés Manuel López Obrador prohijó una generación de decenas de millones de mexicanos abiertos -a veces hasta el delirio- a la tentación de apoyar a un régimen autoritario. El próximo gabinete fue colonizado por Palacio, y el líder tabasqueño impulsa ahora a su controvertido hijo como hombre fuerte del partido oficial.

La esperanza de evitar el descarrilamiento de nuestra joven democracia -tan lentamente construida- se sostiene en reportes estadísiticos según los cuales al menos una tercera parte del oficialismo no está de acuerdo con la reforma judicial, y ello podría revelarse en la votación prevista para este semana en el Senado.

El otro tramo de esperanza se orienta a un urgente acuerdo entre poderes, público y transparente, a fin de que el Poder Judicial sea sometido a una cirugía mayor, pero para resolver problemas concretos, no para empeorarlos. Sheinbaum y la ministra Norma Lucía Piña deben hablar.

El foso actual entre ambas se ha ido profundizando, pues Sheinbaum ha desdeñado varias peticiones de diálogo cursadas por la presidenta del Poder Judicial federal. Cuando a finales de abril la ministra Piña se reunió con un grupo de periodistas y directivos de medios y éstos le preguntaron sobre la existencia de canales de comunicación con el equipo de la presidenta electa, respondió: "Entre mis colaboradores hay algunos que dicen conocer a alguien que podría ayudar a tender puentes. Pero estas cosas no se resuelven así".

En ese mismo periodo se buscó montar un canal de comunicación con la Corte a través del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, designado a propuesta de López Obrador y al que se le atribuye cercanía con la doctora Sheinbaum. Enterado de ello, el mandatario tabasqueño emprendió una campaña de insultos y descalificaciones contra ese juzgador, al que ha llamado traidor.

La ex jefa de Gobierno de la capital del país fracasó en un débil intento inicial de posponer el cambio constitucional que incendiará la pradera de la justicia en México, como tampoco hizo valer su idea de una Guardia Nacional en manos civiles. Ahora verá que ambos temas atraerán demonios, marcarán su administración y provocarán una convulsión en la vida interna del país y en la relación que se sostiene con sus socios y aliados, en especial Estados Unidos.

En contraste, Sheinbaum logró que reformas propuestas por López Obrador como la desaparición de órganos autónomos y una reforma electoral que provocaría una regresión en los órganos en la materia -en continuo ajuste desde los años 70- han sido colocados hasta ahora fuera del alcance del presidente saliente.

Una parte importante del daño ya está hecho. Los logros del sexenio en materia de pobreza, pensiones e ingresos de los trabajadores han empezado a esfumarse con el impacto que atrae un dólar más caro, alta inflación persistente, estancamiento de inversiones en pleno auge del nearshoring y la cercanía de la revisión del T-MEC, que es la base no sólo para políticas acordadas en materia comercial, sino especialmente de inversiones.

Un dia sí y otro también nos llegan señales de alerta en el mundo con la crónica anticipada de un daño profundo que estas reformas (en muchos casos, en realidad contrarreformas) tendrán sobre nuestra economía, nuestra democracia y nuestro lugar en el mundo.

El fin de semana recién terminado, "The Economist" echó mano de su amplio impacto en la comunidad financiera internacional para poner énfasis en lo que puede esperarse de la entrada en vigencia de las citadas reformas, en especial la judicial. Sobre la misma publicó: "Dañará a la presidenta Sheinbaum, debilitará la democracia, frenará la inversión, lesionará la relación de México con Estados Unidos y Canadá".