Como dicta la ley, La toma de posesión de Claudia Sheinbaum incluyó en el presídium al mandatario saliente, Andrés Manuel López Obrador, y a los presidentes de la Cámara de Diputados y del Poder Judicial de la Federación. Pero hubo intentos de que no ocurriera así.
De acuerdo con información compartida por actores directamente involucrados, Adán Augusto López, líder parlamentario del oficialismo en el Senado; paisano y miembro clave del grupo político de López Obrador, buscó intimidar durante las semanas previas a los ministros de la Corte, de forma individual, en grupos y aun con la presencia de la presidenta del máximo tribunal, Norma Lucía Piña, para evitar su presencia en el acto, alegando el riesgo de que pudieran ser agredidos por las bancadas partidistas de Morena y sus aliados.
La ausencia deliberada de los integrantes de la Corte hubiera sido interpretada como un boicot contra la ceremonia, un quiebre institucional con efectos en la estabilidad política y en la imagen externa del país. Pero el cabildeo de López Hernández puede ser entendido como un intento de sabotaje a ese acto cargado de simbolismo republicano.
El exsecretario de Gobernación debe precisar si actuó por motivación personal, a solicitud de su bancada partidista o atenido a instrucciones superiores, que no podrían radicarse sino en López Obrador, quien ostensiblemente evitó todo contacto con Piña Hernández. La presidenta Sheinbaum decidió hacer un contraste y saludó con civilidad y cortesía a la ministra, sin que ello obstara para que durante su mensaje expresara adhesión a la llamada reforma judicial.
Ese momento demostró que las formas de la política no deben ser envenenadas por la vileza. En las peores etapas de una confrontación, siempre es posible que una de las partes muestre algo de grandeza.
No ocurrió así en el diseño de la referida reforma constitucional que convulsiona desde hace meses al sistema federal de justicia. Más allá de lo que resulte de ello, parece un gesto canalla que la redacción de la nueva ley haya dejado en la estaca al expresidente de la Corte, Luis María Aguilar, que termina su gestión el mes próximo y, por los tiempos definidos, no se podrá acoger al pago de su pensión, y si presenta su dimisión antes, corre el riesgo de que el Senado no se la acepte.
También hay historias de política miserable en lo que ha ocurrido durante este año con el tribunal electoral federal (TEPJF), debilitado primero por dos vacantes nunca cubiertas, para manipular mejor la formación de un voto mayoritario; después fue derrumbado el anterior presidente, y finalmente se desnudó la fragilidad de tres de sus integrantes para someterse al poder político o, peor, al económico.
En mayo pasado una filtración con las huellas digitales del oficialismo alcanzó insólita difusión para revelar la celebración de una cena en diciembre de 2023 presuntamente convocada por la citada Norma Piña a la que habrían asistido magistrados electorales encabezados por su actual presidenta, Mónica Soto en una casa que, otra vez presuntamente, es propiedad de la familia del ministro Juan Luis González Alcántara. La ministra presidenta, se dijo, habría llegado acompañada del dirigente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno.
Ahora se sabe que Piña había fracasado en un intento previo de pedirle moderación a la magistrada Soto, decidida a derrocar a su predecesor, Reyes Rodríguez Mondragón. Que “Alito” Moreno organizó esa cena -con la indebida, impertinente asistencia de Piña Hernández-, a fin de convencer a Mónica Soto y sus aliados en el tribunal.
Lo único confirmado entre todos estos testimonios es la capacidad de “Alito” para doblar en su beneficio la dúctil mayoría de magistrados electorales, que para votar el permitir a Moreno eternizarse en el control del PRI, desestimaron un deslinde del INE y desecharon un proyecto de sentencia en contra de su colega Janine Otálora. Es verdad, lo que no suena lógico, suena a metálico.
