Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, ocupa una oficina sobre la que pareciera existir una maldición. A los obstáculos que hicieron naufragar a varios de sus antecesores, suma la escasez de herramientas propias y la resistencia pasiva desde el sector más duro del obradorismo, en medio de una de las mayores crisis de violencia criminal en la historia reciente del país.

No es difícil establecer el símil de una misma película con actores diferentes. En el 2000, Vicente Fox nombró a Adolfo Aguilar Zínser coordinador de seguridad pública. Su labor fue bloqueada por un Ejército reacio a atender instrucciones de un civil, la desconfianza de gobernadores, y una ruidosa confrontación con Alejandro Gertz, entonces de 61 años y primer secretario del ramo. El nuevo funcionario debe lidiar con todos estos actores -incluido Gertz Manero, quien esta semana cumplirá 85…

En el episodio del foxismo, Gertz duró casi cuatro años en el cargo, Aguilar Zinser (1949-2005) acabó desplazado hacia la diplomacia. El campo de la seguridad (incluidas las tareas operativas, de logística e inteligencia) quedó desde entonces en manos militares. Ese modelo se ha conservado, pese a que sus saldos son cada vez peores.

El destino de los antecesores de García Harfuch parece convertir a ese puesto en una olla de ácido. Considérese a Genaro García Luna (condenado en Estados Unidos a 38 años de prisión), Ramón Martín Huerta (muerto en funciones en 2005 por un misterioso accidente aéreo), Manuel Mondragón y Renato Sales (marginados desde la Secretaría de Gobernación, entonces a cargo de Miguel Osorio Chong). Sin olvidar el abierto conflicto entre García Luna y Eduardo Medina Mora, a la sazón procurador de Justicia, o el insulso paso de Alfonso Durazo, ya bajo el gobierno López Obrador.

Fuentes familiarizadas con el desempeño de García Harfuch describen una suerte de marcha en el desierto político que le estaría suponiendo una difícil coordinación con mandos militares -a cargo del general Ricardo Trevilla- como le pasaría a cualquier civil. Ello incluye a la Guardia Nacional, encomendada al general de brigada Hernán Cortés. A los jerarcas de uniforme les resulta irrelevante, indican los testimonios recogidos, que el secretario de Seguridad sea nieto del general Marcelino García Barragán, el legendario titular de la Defensa (1964-1970), quien -por cierto- falleció tres años antes de que aquél naciera.

Algo similar está ocurriendo en la dinámica entre el nuevo funcionario y el fiscal general, el ya citado Gertz Manero. No es nueva su animosidad. Ambos coincidieron en los meses previos al arranque del gobierno López Obrador, cuando se promovió que Gertz desempeñara un inopinado interinato en la Procuraduría General de la República en tanto se transformaba en fiscalía. Ahí se encontró con García Harfuch, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal. Los testimonios indican que fueron meses erizados por el trato hostil de Gertz.

Los vientos viraron en favor de García Harfuch cuando en octubre de 2019 asumió el control de la Secretaría de Seguridad Pública en la ciudad de México y cobró amplia influencia sobre la fiscalía capitalina que conducía Ernestina Godoy. Luego vendría el grave atentado en su contra de junio de 2020, pero que le atrajo enorme popularidad y lo colocó en la ruta política de una precandidatura fallida al gobierno de la ciudad.

Este último episodio exhibió la resistencia que se ha venido acumulando hacia el interior del obradorismo contra García Harfuch, encarnada por el propio expresidente López Obrador y secundada por algunos que se consideran sus “exégetas”, entre ellos Martí Batres, exsecretario de Gobierno y exjefe de Gobierno interino, o el exvocero Jesús Ramírez.

Frente a este escenario, la capacidad de García Harfuch para garantizar resultados se prevé, en el mejor de los casos, limitada.