Quienes no comprenden la naturaleza del quehacer académico en el ámbito de la universidad pública, suelen confundir la naturaleza de estas actividades con las de otros empleos cuyas actividades son estandarizadas y están supeditadas a la orden de un patrón quien tiene la capacidad de decidir unilateralmente el rumbo de su organización así como los procesos deseados. Cuando esta confusión, la realizan los propios administrativos de una universidad pública y autónoma, desvirtúan el sentido del para qué fue creada la universidad, del papel que ésta juega en la sociedad y supeditan la práctica académica sustantiva al un poder político-administrativo que cada vez se aleja mas de entender la verdadera vida universitaria.
La nueva administración universitaria ha dado sus primeros pasos sumergida en esta confusión; seguros de que a través del control administrativo y la manipulación política se podrá gobernar a toda la planta docente, la actual administración tiene la firme intención de generar nuevo estatuto académico para la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Esta propuesta, como es la costumbre institucional, se ha venido trabajando en una comisión del Consejo Universitario, y según se dice, contempla autorizar esta propuesta en la total opacidad. Analizando el documento que nos ha sido facilitado por gente cercana al proceso, mismo que ya se está analizando en diversos círculos académicos, podría afirmar que es imposible plantear de una sola vez en este espacio todas las incongruencias y violaciones a derechos observadas, por lo que haré referencia solamente a las más esenciales.
En primera instancia, esta propuesta es un insulto para todos aquéllos docentes que creemos en la libertad de cátedra, que queremos se cumpla con el espíritu de la Ley Orgánica, y se respeten los derechos laborales y humanos de todos los que orgullosamente laboramos en esta institución y amamos impartir clases. En general, se trata de un marco normativo que relega la práctica académica a un plano de desconfianza, estableciendo el supuesto de que somos los “malos” a enderezar por una administración que se supone “virtuosa” por naturaleza.
Es preocupante que el equipo del Abogado General de la UACJ, quienes son los que realmente están redactando este documento, además de las redundancias y errores básicos de redacción, no solo pasen por encima de los sindicatos académicos, sino que además mezclen indiscriminadamente los aspectos laborales que deben contemplarse en un contrato colectivo de trabajo, dentro de un documento que debe contemplar aspectos de la práctica académica. Aclaremos, el estatuto académico es para establecer criterios exclusivamente sobre la práctica académica, mientras los contratos colectivos de trabajo, establecen los aspectos laborales negociados entre la parte patronal y el gremio académico, y pueden renovarse cada dos años.
El nuevo estatuto académico que pretenden autorizar “por la libre”, es claramente violatorio de la libertad académica, la libertad de investigación y autonomía universitaria, pretendiendo supeditar las funciones sustantivas del docente a lo establecido en un Modelo Educativo con casi 20 años de antigüedad, mal implementado y que no forma parte de la normatividad universitaria, sino que es solamente una multi-interpretada “guía” pedagógica; con ello pretenden evaluar y clasificar a los docentes en función de los requisitos emitidos por organismos externos a la institución como lo son el PRODEP y CONACYT y sobre los que no se tiene certeza que continúen en la nueva administración federal.
Se pretende que seamos considerados como profesores dedicados preponderantemente a la investigación, si cumplimos con los requisitos establecidos por un organismo externo que ofrece un sistema de remuneración del gobierno federal, como lo es Sistema Nacional de Investigadores (SNI), y habrá comisiones de apoyo (donde la paridad académica no está garantizada) a las jefaturas de departamento para evaluar la congruencia de la labor académica deseada del docente. El nuevo estatuto pretende reglamentar que si no se cumple con los requisitos, se podrán asignar una mayor cantidad de clases, disminuyendo las posibilidades de fomentar la investigación, generando ya sea un círculo vicioso hacia la decadencia académica o hacia la simulación, que para el caso es lo mismo.
La pretensión del nuevo estatuto es la de convertir en obligatorias una gran cantidad de actividades que anteriormente se consideraban optativas como parte de las acciones que el docente desarrollaría si se buscaba obtener un ingreso extraordinario para la obtención de estímulos; por otra parte, planea eliminar la certeza del puesto al contemplar la posibilidad de modificar el programa de adscripción, categoría y nivel en función de lo que dispongan las virtuosas autoridades universitarias, escudadas en la ambigua normatividad universitaria, quienes además, tendrán todas las consideraciones como “académicos”.
Aún cuando falta analizar más a detalle otros aspectos, que considero será importante desmenuzar en futuras publicaciones, se observa en este nuevo estatuto la conformación de un reglamento que pretende atemorizar y poner en manos de un abogado general, las herramientas intimidatorias laborales que requiere y acostumbra; además de una clara intención de extender el poderío político-administrativo, fomentar la discrecionalidad en la toma de decisiones internas y así como afianzar el tráfico de influencias. La universidad sí requiere de un nuevo estatuto académico, pero uno que genere las condiciones propicias para el desarrollo de la práctica académica, que fomente el respeto al trabajo del profesor investigador, profesionista, de honorarios y extensionista, que elimine plazas cedidas a personas que nunca vemos en el salón de clases y que impulse las actividades que fomenten la transferencia de conocimientos entre la universidad y la comunidad.
Tal vez lo mas grave de este estatuto académico, es que se hace evidente la percepción de nuestras autoridades administrativas: LOS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS SON BUENAS, LOS DOCENTES SOMOS MALOS.