Hace 20 años, justo un año antes de iniciar el nuevo milenio, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, realizó un importante ejercicio de participación ciudadana. A este ejercicio se le llamó UACJ Visión 2020 y sus resultados han sido ampliamente publicados en diversas versiones, aunque nunca hemos conocido la versión completa. En este proceso, diferentes miembros de la comunidad juarense quienes representaron a los diferentes sectores sociales y económicos, en conjunto con los miembros de la comunidad universitaria incluidos docentes, alumnos y administrativos, se reunieron para discernir cuál sería la Universidad que la sociedad de esta región esperaría tener para el año 2020.
Es interesante ver que 20 años después, que la voluntad que la comunidad local expresó en aquél entonces coincide con las mismas exigencias ciudadanas que suelen escucharse y validarse en el discurso político nacional actual, en especial, cuando de organizaciones educativas públicas se habla. Pero surge la gran pregunta sobre ¿Qué tanto se ha acercado la UACJ a esta realidad deseada? Veamos, de esta consulta, surgen alrededor de veinte aspectos nodales en la redacción de la Visión 2020, de los que quisiera resaltar los siguientes: a) ser ejemplo de transparencia en el ejercicio de recursos públicos; b) priorizar el compromiso hacia la comunidad que permitiera blindar a la institución de la influencia de grupos políticos en las decisiones internas; c) democratizar los procesos de decisión internos, d) establecer una visión de universidad a prueba de cambios rectorales y e) lograr el reconocimiento social de una universidad como fuente de soluciones a problemas trascendentes de la comunidad.
A la fecha, se observa que seguimos sin alcanzar muchos compromisos. En primera instancia, tenemos un grave problema de transparencia institucional, con prácticas evidentes de ocultamiento de información de oficio, así como incluso algunas amonestaciones por parte del ICHITAIP a las últimas dos administraciones por estos motivos. En cuanto a la ingerencia de grupos políticos al interior de la institución, qué mayor evidencia podemos obtener cuando la administración 2012-2018 fue encabezada por una persona cuya única virtud fue ser hermano del gobernador priista en turno, apoyado por un ex-rector que era secretario de educación del estado, un subsecretario de economía, un director de gobierno estatal, un recaudador de rentas, así como un notario con fuertes lazos con dicho gobernador, todos curiosamente empleados del gobierno estatal.
¿Y qué decir de los procesos de democratización al interior de la universidad? Actualmente la UACJ libra un juicio de amparo ante un Tribunal Colegiado de circuito, interpuesto por un grupo de académicos, entre ellos una servidora, donde se cuestiona la legitimidad de una serie representantes académicos ante los consejos universitarios y técnicos, que a su vez fungen como autoridades universitarias subordinadas a la administración y como tales responderán a dichos intereses y no a los de los académicos. Este es tan solo el ejemplo más actual de una serie de violaciones a la propia normatividad en materia electoral que en reiteradas ocasiones muchos miembros de la comunidad universitaria hemos denunciado.
Con relación a la continuidad de los proyectos, creo que podríamos hablar de dos grandes discontinuidades institucionales hasta hoy como el modelo educativo 2020, que en un inicio sirvió para reorientar el proceso educativo, pero al sentir de muchas visiones críticas al interior de la propia institución, al final se quedó sólo como mecanismo de presión administrativa hacia lo que algunos llaman la “performatividad” de la comunidad académica, pasando por muchas incongruencias entre el constructivismo y los modelos competenciales, entre tantas re-interpretaciones. Otro ejemplo de discontinuidad fundamental, ha sido la modelo departamental que precedió a estos esfuerzos y que actualmente está hecho añicos en esquemas cada vez más inflexibles dentro de los programas académicos.
Durante estos 20 años, pero sobre todo en los últimos 6, lo que ha sido evidente es la imposibilidad de coordinación entre las diferentes autoridades institucionales, su miopía académica, así como la incompatibilidad de egos y claridad en lo que se busca lograr, aunada a la pasividad de los órganos de gobierno quienes levantan la mano por miedo a que los regañen por no ser leales a la “mano que los alimenta”. Lo que hemos generado es una autocomplacencia que evidentemente nos ha alejado del único camino que se ha establecido de manera legítima ante toda una sociedad.
A veinte años de distancia, resulta penosa la omisión de nuestra institución al compromiso que toda una comunidad le encomendó cumpliendo tan solo con una cuarta parte de los aspectos planteados. Si tomamos en consideración que nuestra universidad abrió sus puertas en esta ciudad para cumplir una función social detonante del cambio y desarrollo de esta región norteña; que fue creada para atender las necesidades locales y asumir una posición ética ante los problemas sociales, políticos y económicos, y que además, los recursos utilizados son de origen público, entonces las autoridades institucionales tienen la responsabilidad ineludible de la rendición de cuentas sobre las decisiones y acciones que se han tomado y que nos tienen tan lejos de la Visión UACJ 2020.
Ahora mas que nunca, y vislumbrando los cambios en las políticas nacionales, la UACJ debe voltear a la comunidad a la cual le debe su razón de ser; para ellos requerimos funcionarios abiertos a las propuestas, comprometidos con cumplir las reglamentaciones internas y externas, flexibles en las decisiones que se toman y sensibles a las problemáticas económicas, políticas y sociales que afrontaremos. Demandamos estas características a la nueva administración, aún estamos a tiempo de aunque tarde, reorientemos los esfuerzos institucionales a una obligación histórica.
