La reciente entrega de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es una decisión que no responde a razones fundamentadas en la mejora de la seguridad pública, sino a una lógica política que ignora los aprendizajes de los últimos años. No se trata de un simple traspaso administrativo, sino de una vulneración a nuestras instituciones civiles, una amenaza a los derechos de los ciudadanos y una peligrosa ruptura del pacto federal.
Desde la creación de la Guardia Nacional, se prometió que sería una institución con un mando civil, dedicada a tareas de seguridad pública. Sin embargo, el proceso de militarización en curso muestra una capitulación de la sociedad civil frente a un aparato militar que ha crecido sin contrapesos.
Las evidencias internacionales son contundentes: la militarización de las tareas de seguridad pública no sólo es ineficaz, sino contraproducente. La experiencia en América Latina, una región marcada por décadas de militarización de la seguridad, ha demostrado que el despliegue de militares en funciones policiales incrementa las violaciones a los derechos humanos y erosiona la confianza en las instituciones.
Los problemas de seguridad en México no se resuelven con armas, sino con una verdadera estrategia de prevención del delito, con la profesionalización de las policías y la inversión en las causas profundas de la violencia. Entregarle estas funciones a la Sedena equivale a admitir el fracaso del Estado mexicano en fortalecer sus instituciones civiles.
En lugar de militarizar la seguridad, México debería abocarse a la reforma policial. Nuestro país necesita cuerpos de policía que estén capacitados, bien remunerados y equipados, con un enfoque claro en la proximidad con la comunidad. Las experiencias exitosas demuestran que las mejores prácticas en seguridad pública se basan en la cooperación entre policías y ciudadanos, en el uso de tecnologías y en la focalización de esfuerzos en los puntos más conflictivos.
La militarización, por el contrario, sólo perpetúa un enfoque reactivo y cortoplacista que no ataca las causas del problema, ni que decir del fuero militar, de la ausencia de controles y rendición de cuentas a la sociedad.
La concentración de poder en manos del gobierno central, al ceder funciones de seguridad a las fuerzas armadas, erosiona la autonomía de los estados y municipios. Este movimiento recentraliza el control de la seguridad, debilitando la capacidad de los gobiernos locales para enfrentar sus propias problemáticas. Este acto de centralización es un retroceso en la construcción de un federalismo más robusto y democrático, y sienta un peligroso precedente para el futuro de nuestra república. Si la seguridad pública, una de las funciones esenciales del Estado, es transferida al mando militar sin un debate adecuado ni evaluaciones de impacto, ¿qué otras áreas podrían seguir este camino?
La militarización de la Guardia Nacional es un paso atrás en el fortalecimiento de nuestras instituciones, una amenaza a los derechos humanos y una violación al espíritu federalista que debería regir nuestra nación. En lugar de ceder ante la lógica del poder, es momento de exigir una verdadera reforma policial, basada en las mejores prácticas locales, nacionales e internacionales, que devuelva la seguridad a manos de quienes deben protegernos: los civiles.
