Suenan interesantes las advertencias que recientemente lanzó López Obrador contra el actuar de muchas universidades públicas autónomas. En un tono amable, pero decidido AMLO, hizo un llamado a las autoridades de estas instituciones educativas para que eviten actos de corrupción, cacicazgos e influencias políticas vinculadas a partidos políticos, administren mejor sus presupuestos para que todo el gasto operativo no se quede en el aparato administrativo, sino que baje a los docentes. Dejó en claro que aunque será respetuoso de la autonomía, tiene los ojos bien puestos en el actuar de las universidades públicas.

Ante esta forma de plantear la nueva agenda política del régimen con relación a las universidades públicas, la UACJ tiene ahora un panorama sombrío sobre todo si tomamos en consideración que somos un vivo ejemplo de lo denunciado por el presidente. En primera instancia, sabemos que la transparencia no es una característica que ha distinguido a la UACJ, sobre todo con las dos últimas administraciones; además, sabemos que el PRI duartista ha mantenido el poder al interior de la universidad, siendo uno de sus últimos reductos institucionales, manteniendo el derecho a “acomodar a su gente” en los puestos directivos de la universidad, asegurando los privilegios de familiares y operadores; pero quizás, el mayor problema institucional, del cual hablaré con amplitud pronto, radica en la extrema obesidad administrativa, ya que mientras se gasta un peso en la función académica, el aparato burocrático gasta el doble para funcionar de manera ineficiente; por último, es evidente que el cacicazgo universitario se ha afianzado con la recurrencia de nuestros altos mandos administrativos en el incumplimiento de la propia ley orgánica escudados en una autonomía universitaria que si bien es necesaria, se utiliza a su conveniencia para cínicamente violentar las leyes.

El panorama es complicado para la nueva administración rectoral, y aunque hemos observado muestras de buena voluntad del rector, sabemos que tiene ante sí la compleja tarea de administrar la crisis con muy poco margen de maniobra, ya que su predecesor le dejó a muchos de sus incondicionales en las áreas operativas; mientras que su nuevo e inexperimentado equipo directivo, se ha quedado paralizado ante los nuevos retos y en algunos lamentables casos, se ha dedicado a la administración del rencor y la revancha política, típicas de los procesos de sucesión sexenal.

Parece que los tiempos de grandes apoyos extraordinarios para construcción y equipamiento se han acabado. Se acabaron los tiempos de la simulación a través de la acreditación, en su lugar llegan los tiempos en lo que la tendencia nacional será hacia una ampliación total de la matrícula y de la gratuidad escolar. Si la administración actual busca sobrevivir, deberá entender que es necesario dar un “golpe de timón” hacia la transparencia, la legalidad, la rendición de cuentas y hacia la efectividad administrativa; ya no por las exigencias sociales o por ética universitaria, sino por las restricciones económicas, políticas y legales de los tiempos que estamos comenzando a vivir. Ya no importa si siempre se hicieron las cosas “bien para unos o mal para otros”, las autoridades de la UACJ tienen la obligación de ser ejemplo de transparencia y legalidad para la sobrevivencia institucional.