El presente escrito pretende animar a quienes se han desempeñado como profesionales del derecho en el estado de Chihuahua a participar en el proceso electivo que tiene la finalidad de renovar diversos cargos del poder judicial federal en nuestra entidad, el cual está programado para desarrollarse a mediados de 2025.
Como parte de la implementación de la Reforma al Poder Judicial aprobada a nivel federal, en Chihuahua, en total, se elegirán el próximo día primero de junio 25 cargos, de los cuales 12 corresponden a magistraturas y 13 a jueces, todos con jurisdicción en las ciudades de Juárez y Chihuahua.
En la ciudad capital se renovarán dos magistraturas de Colegiado de Apelación, 4 de Tribunal Colegiado de Circuito Civil y del Trabajo, uno de Tribunal Colegiado de Circuito Penal y Administrativo, así como 6 jueces; mientras que en Ciudad Juárez serán renovadas una magistratura de Colegiado de Apelación, 4 de Tribunal Colegiado de Circuito y 7 jueces.
Este proceso, organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), es significativo porque será el primero en incluir la elección popular de estos cargos y es un cambio que busca incrementar la transparencia y participación ciudadana.
La elección de los integrantes del Poder Judicial Federal mediante voto popular busca aumentar la participación ciudadana en la selección de jueces y magistrados, lo que genera mayor legitimidad democrática, ya que, al ser elegidos por el pueblo, los jueces y magistrados contarán con un mandato directo de los ciudadanos, lo que reforzaría su autonomía.
Al permitir a la ciudadanía involucrarse activamente en la elección, se reducirá la percepción de influencias políticas o de favoritismos en los nombramientos, lo que seguramente fortalecerá la confianza pública y fomentará la percepción de independencia del Poder Judicial al desvincularlo de acuerdos políticos internos y lograr un poder judicial más representativo.
Por supuesto que se debe evitar a toda costa exponer a los candidatos a campañas influenciadas por intereses económicos o políticos que pudieran comprometer su imparcialidad, y evitar que la popularidad se priorice sobre la experiencia y la competencia técnica. Para ello, se requiere un marco regulatorio sólido que garantice que los candidatos sean seleccionados con base en su mérito, experiencia y conocimiento, y no por factores externos. Ya fueron presentadas las leyes secundarias que tienen ese fin.
Esta es una primera etapa de la reforma, que contempla que en 2027 se complete la renovación del resto del Poder Judicial en todo el país, marcando un cambio importante en la estructura y elección de los jueces y magistrados federales.
Considero que la ejecución de esta reforma debe ser motivo de festejo para todos los mexicanos, sobre todo considerando que, previo a su aprobación, el acceso a los cargos del Poder Judicial Federal en México enfrentaba diversos obstáculos relacionados con el sistema de designación y las condiciones institucionales, las cuales impedían que muchas personas con capacidad y experiencia pudieran aspirar a un cargo en esa instancia.
Antes, el presidente de la República presentaba propuestas para los nombramientos de jueces y magistrados, que debían ser ratificadas por el Senado, lo cual dejaba espacio para que, mediante acuerdos partidistas y favorecimientos personales, los nombramientos recayeran en decisiones políticas que comprometían la independencia judicial.
Era común que familiares de funcionarios judiciales o personas con influencias dentro del sistema obtuvieran cargos, cerrando las puertas a candidatos externos altamente calificados, además de que el sistema de ascenso interno daba prioridad a la antigüedad sobre la capacidad, limitando la profesionalización.
La percepción generalizada era la de un Poder Judicial elitista e inaccesible que fomentaba la desconfianza en los ciudadanos. La reforma en curso abre espacios para una justicia más inclusiva y libre de influencias políticas, lo que representa un avance significativo que, insisto, debemos festejar.
