Dos semanas han pasado desde la celebración de las elecciones presidenciales en Venezuela y la percepción de la comunidad internacional sobre su carente legitimidad no ha cambiado. Elementos de una “recesión democrática” en aquel país se presentaron mucho antes de la jornada de votación cuando los criterios de inelegibilidad se ampliaron, contrario a los principios democráticos plasmados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Comisión de Venecia, con la finalidad de evitar la participación de María Corina Machado (quien había ganado las Primarias con el 90% de los votos) y de otros opositores al régimen de Nicolás Maduro.
Durante las campañas, no hubo garantía de un piso parejo para los candidatos; la constante fue la férrea injerencia del gobierno y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con matices proselitistas y propagandísticos a favor del candidato y el partido oficialista; además del falseamiento y la manipulación de encuestas. Varias organizaciones ciudadanas venezolanas denunciaron la ausencia de mecanismos de control sobre el uso de recursos públicos destinados a propaganda gubernamental, lo cual transgrede abiertamente la ley electoral y la ley contra la corrupción vigentes en el país; entre vallas, pendones, murales y spots televisivos y radiales, el país se vio cubierto de publicidad enfocado en la promoción de la persona de Maduro.
La actuación del Consejo Nacional Electoral CNE, órgano encargado de la organización de las elecciones -que vivió la disolución y nombramiento de sus integrantes por el gobierno, justo después de las Primarias-, ha sido altamente criticada. Un informe de Transparencia Electoral señala gran opacidad en la comunicación de sus actividades; falta de información clara y oportuna sobre el registro de electores, específicamente nuevos electores y la actualización de los registros dentro como fuera del país; limitación de la observación electoral exclusívamente al centro de votación donde le correspondía votar a la persona observadora (una violación más de los preceptos internacionales referentes a la observación electoral y de la propia normativa electoral venezolana); y, el anuncio de resultados y proclamación de Nicolás Maduro como virtual presidente sin la publicación de actas (el Presidente del CNE, anunció, la misma noche de la jornada electoral, que con el 80% de las actas, Nicolás Maduro había obtenido el 51.20% de los votos; mientras que el candidato opositor, Edmundo González se hizo del 44.20% de los sufragios. Sin embargo, Plataforma Unitaria Democrática PUD y el equipo de campaña de Edmundo González han presentado digitalizadas más del 81% de las actas, con las que el candidato opositor alcanza el 70% de los votos, mientras Maduro obtiene sólo el 30%).
Más de 1 mil 200 personas opositoras han sido arrestadas mediante detenciones arbitrarias, la gran mayoría durante las protestas posteriores a la elección, lo que ha causado la indignación de gobiernos y organismos internacionales. La Organización de Estados Americanos y -no pocos- gobiernos latinoamericanos han reconocido la victoria de Edmundo González como presidente. Por su parte, Brasil, Colombia y México han solicitado al CNE la presentación de las actas para llevar a cabo una verificación imparcial de los resultados, por mesa de votación. Hasta el momento no hay entendimiento entre las partes. Mientras, la estabilidad social se mantiene en vilo y el continente entero observa con expectación lo que pueda ocurrir, pues la elección de Venezuela ha mostrado -una vez más- que la soberanía ampliada de los estados ha perdido vigencia.
Maestra en Administración Pública. Consejera del IEE de Chihuahua
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