En días pasados el Diputado de Mo.Re.Na. Gustavo de la Rosa en conferencia de prensa, utilizo un discurso vehemente en el cual imploro la participación de la ciudadanía en la próxima consulta ciudadana promovida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador; la petición a la sociedad es para juzgar a los ex Presidentes de la Republica del periodo neoliberal como son Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. La solicitud que hace el Diputado para que los juarenses participen en este proceso para juzgar a los ex presidentes pero concretamente a Felipe Calderón, se funda por la militarización que hizo de nuestra ciudad para terminar con una serie de hechos de sangre que inundaron nuestra ciudad producto del enfrentamiento entre el crimen organizado. La participación del ejército mexicano no hizo que terminara la violencia y solo sirvió para que se dieran múltiples violaciones de los derechos humanos. Morena y sus diputados creen que la estrategia de Calderón fue la equivocada al militarizar el país y personalmente creo que más que ayudar hicieron que los delitos aumentaran en esta frontera. La nula capacitación que tienen en materia de prevención policiaca y la nula empatía con la ciudadanía hicieron que los delitos como el homicidio, robo en todas sus modalidades secuestro, extorsión y violaciones crecieran de manera desproporcionada, lo que llevo a nuestra ciudad a ser considerada la más violenta del mundo, muy por encima de países que han tenido guerras.
Los soldados de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto fueron utilizados en la lucha contra el narcotráfico en Juárez por estar alejados de la corrupción que se da en los policías locales al ser vecinos de los delincuentes. La supuesta preparación académica y operativa permanente de la milicia los convertía en un atractivo para terminar con la corrupción criminal que se daba en nuestra ciudad. El Operativo Conjunto Chihuahua compuesto por militares y agentes de la policía federal se dio en nuestra ciudad ante el incremento de la actividad de los carteles de Juárez y Sinaloa. Gustavo de la Rosa Hickerson fue primer visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en nuestra ciudad en esa trágica época y conoció de primera mano los delitos que cometieron militares y policías al amparo de la lucha contra el crimen organizado, fue amenazado de muerte y abandonado por parte de las autoridades civiles del estado y de ciudad Juárez. Documentó abusos y terminó representando a las victimas ante el deficiente trabajo de las autoridades para llevar justicia a los familiares de las víctimas.
Con el triunfo de López Obrador y el arribo a la presidencia, una parte de la sociedad que el presidente ha calificado como neoliberal, conservador y “fifí“ empezó cuestionar el cambio de discurso del primer mandatario al advertir que le estaba dando demasiadas facultades a los militares y le delegaba funciones que debieran ser realizadas por personal civil. Ocultó su intención de crear otro ejército para combatir al crimen organizado y lo disfrazó de Guardia Nacional con un supuesto mando civil que recayó en el político Arturo Durazo, actual Gobernador electo de Sonora. El 22 de noviembre del 2018 el actual diputado y crítico del ejército celebró la creación de la Guardia Nacional y pidió la llegada de los militares a nuestra ciudad para combatir al crimen. Se olvidó rápidamente de sus condenas a los militares abandonado sus ideales y criticas del pasado para pasar a ser un aplaudidor del presidente. Su silencio abarca a los presidentes municipales y gobernadores, diputados locales y federales del periodo neoliberal que en su momento justificaron la intervención del ejército en nuestra ciudad, como las diputadas María Antonieta Pérez Reyes y Adriana Terrazas Porras que son ahora flamantes morenistas.
El Presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador ha promovido la idea de que la violencia se termina apoyando a los pobres pero en nuestro país casi 61 millones de personas son posibles delincuentes cautivos al carecer de oportunidades laborales, culturales, deportivas, espacios estudiantiles, de acceso a la salud entre muchas otras. Nuestra ciudad ha sido abandonada en casi todos los rubros ya mencionados. Vivimos y cohabitamos con delincuentes que asesinan a nuestras familias y roban lo poco que tenemos. Convivimos con criminales y muchas de las veces sabemos quiénes son y donde están. Modificamos nuestras actividades cotidianas y disponemos de más candados para las puertas de nuestras casas. La autoridad impone medidas a la ciudadanía y relaja la persecución de los criminales por temor a ellos. Los encargados de la justicia pierden el tiempo en actividades políticas y descuidan la obligación de imponer la ley como uno de los instrumentos para terminar con la impunidad de los criminales. Los demócratas se convierten en autoritarios y justifican su gobierno promoviendo consultas públicas para esconder el fracaso de la gestión de su mandato. El presidente debe de tener cuidado en como promueve las consultas públicas, de lo contrario al paso de esta administración federal en vez de juzgar al “comandante Borolas” estaremos juzgando al “mesías militar” y a estos supuestos defensores de derechos humanos.
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Posdata: El Presidente de la Republica López Obrador declara constantemente la “inflexión” a la baja del crimen organizado. En nuestra ciudad el crimen ya se internacionaliza y amenaza de muerte a los agentes de la patrulla fronteriza, quizá tengamos que mandar a la guardia nacional a proteger a los texanos.
