Era septiembre de 1990 cuando el escritor, de origen peruano, Mario Vargas Llosa fue invitado a México a participar en una serie de conversaciones organizadas por Octavio Paz, en las que se abordó la situación política de Latinoamérica, que en aquellos días sobrevivía a diversas dictaduras.
Con un tono ceremonioso, Vargas Llosa pidió a los escuchas no exonerar a México de las naciones americanas con gobiernos autoritarios.
“México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo. No es la URSS. No es Fidel Castro. La dictadura perfecta es México… Es la dictadura camuflada… Tiene las características de la dictadura: la permanencia, no de un hombre, pero sí de un partido. Y de un partido que es inamovible”.
Al partido que se refería el escritor, que sería reconocido con el Premio Nobel de Literatura 20 años después, era el Revolucionario Institucional que, por aquellos días, llevaba seis décadas en el poder y gobernó una más.
La estructura bajo la que operó el priismo fue la sustitución del Presidente de la República por alguien que, durante seis años, era el todopoderoso, el hermano mayor que debía proteger a sus hermanos menores de sus travesuras.
Si alguien se atrevía a desafiar al poder hegemónico, era marginado, señalado, perseguido y, en muchas ocasiones, desaparecido. Empero, también permitió la conformación de partidos políticos, siempre débiles, sin recursos, que comenzaban en la clandestinidad hasta que salían a la luz y eran sometidos al sistema.
Mientras eso ocurría en la cúpula del poder, al pueblo se le concedía pequeñas libertades, se simulaban campañas electorales organizadas por el propio sistema, donde burócratas contaban los votos ciudadanos y el secretario de Gobernación (equivalente al vicepresidente) validaba al triunfador.
En el Congreso ocurría exactamente lo mismo. Se simulaba representatividad ciudadana, pero senadores y diputados no eran más que levantadedos presidenciales.
ES CONSULTA CIUDADANA NO JUICIO POLÍTICO
Esa fue la democracia dictatorial, simulada y falsa a la que estuvieron acostumbrados los mexicanos, fue la que defendieron intelectuales y aplaudieron los beneficiados del sistema.
Por ello, la decisión de seis de los 11 ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que validaron la petición de Andrés Manuel López Obrador para organizar una consulta y que los ciudadanos decidan si se inicia o no un juicio en contra de sus antecesores, de Carlos Salinas de Gortari a Enrique Peña Nieto, generó gran controversia, críticas, cuestionamientos, descalificaciones y hasta ofensas en contra de quienes están encargados de interpretar las leyes.
El asunto es claro. La Suprema Corte validó la realización de la consulta que, por cierto, no decidirá si son inocentes o culpables los expresidentes, sino si la autoridad inicia una investigación en su contra y será un juez quien defina su responsabilidad en posibles actos de corrupción, aunque todo dependerá de lo bien o mal fundamentada que esté la acusación de la Fiscalía General de la República. No será el pueblo quien juzgue a los exfuncionarios, serán las autoridades.
De último minuto, los ministros decidieron modificar la pregunta planteada por la Presidencia y se eliminaron los nombres de los exmandatarios.
Según el abogado constitucionalista, Francisco Burgoa, la nueva redacción es ambigua porque “ya no habla de enjuiciar expresamente a los expresidentes de la República. Se habla de un proceso de esclarecimiento de decisiones tomadas por actores políticos en los años pasados, es decir podemos hablar de 2019, o sea exfuncionarios del año pasado.”
Bajo este concepto, es innegable que la pregunta reformulada es poco clara y da lugar a vaguedades.
EL TEMOR DE LOS SUBORDINADOS
Para quienes criticaron la decisión de los ministros, es necesario recordarles que se trata de un primer ejercicio de democracia participativa, lo cual significa que la ciudadanía decide si se realiza o no alguna acción gubernamental.
Los opositores aseguran que el pueblo elige a un Presidente de la República para que los represente y es totalmente cierto. Pero es igual de importante que ese gobernante escuche a la gente en asuntos que no trastocan los derechos humanos ni atribuciones propias de autoridades judiciales.
También es importante señalar que con esta acción, AMLO evitará ser considerado como un dictador quien actúa en contra de sus adversarios. Esta ocasión, la responsabilidad la recargó en el pueblo.
Ahora falta saber qué ocurre con las dos peticiones ciudadanas presentadas por el normalista de Ayotzinapa sobreviviente de la Noche de Iguala, Omar García, y la secretaria general de Morena, YeidckolPolevnsky, porque el INE inició esta semana la validación de cada una de las firmas que recabaron y definir si es viable o no la consulta para el mismo asunto.
Indudablemente en el Congreso se llevará a cabo una gran discusión porque, a pesar de la mayoría de Morena y sus aliados legislativos, la oposición formó un importante bloque de contención para evitar el mayoriteo del partido en el poder.
Es un primer ejercicio democrático importante. Sin embargo, hay muchos temas que deben corregirse como la periodicidad para solicitar una consulta que, según la actual legislación, es cada dos años; el número de firmas necesarias para que los ciudadanos la soliciten, que es del 2 por ciento; quien puede reformular la pregunta y quien no; y otros asuntos que aparecerán conforme avance la discusión de este tema.
De momento, López Obrador ganó esta batalla y lo hizo con el apoyo del máximo órgano judicial.
Y hasta la próxima semana, en este mismo espacio.
manuelmejidot@gmail.com
