Hace 50 o 70 años era impensable que una familia en la que los proveedores se dedicaran a vender menudo en sus casas, o choferes de rutas, albañiles o cualquier tipo de trabajo “informal”, pudieran acceder a un crédito para una vivienda, hoy, ese impensable se volvió una realidad. El derecho humano a la vivienda no puede, no debe estar limitado a la formalidad de un trabajo.
En mi caso, mis padres de crianza, que no desempeñaban un trabajo formal, jamás tuvieron la posibilidad de contar con atención médica, derecho a una pensión y mucho menos el crédito a una vivienda. Real, se les “discriminaba” pues no existía una garantía que tuvieran los ingresos suficientes para poder pagar una vivienda y, por lo tanto, eran simple y sencillamente eliminados de la lista, transgrediendo su derecho a la vivienda.
Y lo cierto es que por mucho tiempo no sólo en México, en el mundo, los derechos a la salud, a la pensión o jubilación, y vivienda, eran una opción, sí y sólo sí, se contaba con un trabajo formal. Sin embargo, los cambios socioeconómicos que se presentaron a partir de la década de los 70 y 80, obligaron a los sistemas a modificar esta tendencia.
El Estado y la iniciativa privada, incapaces de crear los suficientes empleos “formales”, los empleos “informales” (los cuales hay que reconocer, son necesarios para que la economía funcione), comenzaron a proliferar. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2022), correspondiente al primer trimestre de 2022, la Población Económicamente Activa en México es del 59.3 por ciento. De ésta, el 96.8 por ciento es población ocupada, y de esta última, el 22 por ciento son personas trabajadoras por cuenta propia.
¿Cómo dejar a ese 22 por ciento de la población sin la posibilidad de acceder a un crédito? Es completamente injusto. Los créditos se dejan de pagar por múltiples razones, de hecho, un porcentaje de los millones de viviendas abandonadas, obedecen a que las personas, con empleo “formal”, dejaron de pagarlo. O sea, cualquier persona puede dejar de pagar un crédito, entonces, el temor es infundado.
La economía del mundo se mueve de forma muy distinta que décadas atrás, por lo tanto, las reglas no pueden ser las mismas. El sector de las personas trabajadoras del hogar es un ejemplo, este grupo luchó primero por visibilizar su labor, que fuera reconocida como un trabajo, no como una simple actividad sin derechos, y discriminada. Hoy, este grupo logró que no sólo se reconociera su importante papel en la economía, sino que se les apliquen los derechos que, como cualquier trabajador “formal”, deben tener. La atención médica, pensiones y jubilación, entre otros, además de créditos de vivienda, ya son parte de sus derechos, como debieron ser siempre.
Es en esta lógica, que en meses pasados en la Cámara de Diputados aprobamos una reforma que señala que las personas que se hayan inscrito voluntariamente al régimen obligatorio de esta Ley del Seguro Social, podrán realizar aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda, que les permitan obtener un crédito barato y suficiente.
Estas modificaciones permitirán a las personas o familias con trabajos “independientes” accedan a créditos para contar con una vivienda adecuada, y esto, no hace más que pagar una deuda que décadas atrás estaba pendiente, vaya, no es una dádiva, es la garantía de una vivienda, tal como lo marca la ley.
Maestra en Administración y Gestión Pública. Diputada federal.
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