La detención del líder agrario Andrés Valles en la ciudad de Delicias, Chihuahua por su actuar en los meses pasados durante la coyuntura de la crisis del agua entre el gobierno federal y campesinos chihuahuenses, se suma a otras detenciones realizadas por la Fiscalía General de la República en contra de quienes participaron en el conflicto. Cabe resaltar que esta crisis lleva muertes consigo, como lo es el ataque realizado por la Guardia Nacional a a la pareja Jessica Silva y su esposo Jaime Torres, en el cual murió ella. Habían estado presente durante la toma de la presa La Boquilla, por lo cual les tenían identificados. Tras la detención de Andrés Valles, el presidente Andrés Manuel López Obrador justificó y apoyó la captura por el daño causado a instalaciones gubernamentales y pidió que solo se aplique la ley sin venganza política. El solicitar que solo se aplique la ley es algo que suelen hacer los gobernantes hipócritas y mentirosos para que los ciudadanos crean tienen un respeto por la ley.
Las acciones que llevaron a cabo los habitantes de la región centro del estado por la defensa del agua, fueron consideradas exageradas por el gobierno federal y decidió acusar a les agricultores de querer desestabilizar el gobierno. La Comisión Nacional del Agua del gobierno federal y la deficiente operación política de Juan Carlos Loera, llevaron a cabo una campaña de desprestigio dirigida contra personajes o líderes del movimiento por la defensa del agua. Les otorgaron el sobrenombre de corruptos, terrorista y porros, huachicoleros y acaparadores; no les reconocieron que defendían la escasa agua que las presas albergan. Gustavo Díaz Ordaz utilizó adjetivos de descalificación contra los estudiantes del movimiento de 1968 que buscaban acabar la corrupción que existía en el gobierno. Díaz Ordaz igual que López Obrador llamó patriotas y calificó de víctimas a los miembros del ejército que participaron en la matanza de Tlatelolco. La Guardia Nacional sufrió las agresiones de la población agrícola de Delicias y los partidarios del presidente los victimizaron: solo en países autoritarios los militares son víctimas de los habitantes “asesinos”. En el México de Gustavo Díaz Ordaz y en el actual, los presidentes siempre han tenido la última palabra o la última acción. El discurso avasallante de quien nos representa, contrasta con las acciones que por necesidad deciden llevar a la población en contra de su gobierno. La soberbia y burla de los gobernantes se enfrenta al abuso que sufren los ciudadanos.
Los personajes que han gobernado y abusado del poder en México han basado su estabilidad en la utilización de las policías o militares. Basta dar una mirada al pasado reciente para recordar como el ejército entregó a los estudiantes de Ayotzinapa de la escuela Normal Raúl Isidro Burgos a los grupos delincuenciales del estado de Guerrero cuando se dirigían en camiones secuestrados a una manifestación a la ciudad de Iguala, Guerrero. Este hecho enlutó y consternó a las familias de 43 personas, que aún siguen siendo buscadas, entre vanas disculpas de las autoridades. La detención de activistas sociales es una práctica periódica. Andrés Manuel López Obrador en su toma de posesión reconoció e hizo la promesa de liberar a alrededor de 1400 personas que considero como presos políticos. Estos presos son detenidos con la fabricación de pruebas y testigos. La mayoría de los detenidos políticos han afectado los intereses de los 3 niveles de gobiernos.
En Septiembre del 2020, cuando la pandemia se encontraba en el punto más alto en nuestra ciudad, un grupo de mujeres activistas se manifestaron para solicitar del gobierno la terminación del abuso policiaco en contra de las mujeres; ante esta petición el presidente municipal Armando Cabada dispuso que la policía actuara en contra, resultando detenidas 28 mujeres, la mayoría estudiantes universitarias y algunas menores. El argumento del alcalde y su policía fue que dañaron el patrimonio municipal. Las activistas fueron golpeadas, acosadas sexualmente y criminalizadas por quién debe cuidarlas. Hace unos meses, la candidata del Partido Revolucionario Institucional Adriana Fuentes y algunos ciudadanos, decidieron manifestarse en contra del inicio de las obras del gobierno del estado en la avenida Gómez Morín. La manifestación se dio en el inicio del proceso electoral. Los manifestantes fueron golpeados y detenidos al considerar la autoridad que solo buscaban obtener ventaja política. La autoridad decidió ignorar la demanda de los habitantes que siempre considero la construcción del proyecto bravo bus no fue planeada y consensada.
El autoritarismo es la única arma que tienen los gobiernos “demócratas” para defenderse de ciudadanos “delincuentes”; el agrónomo Andrés Valles y los jóvenes agricultores Rosendo Lerma, Juan Lechuga y Juan Carlos Rivera decidieron defender el derecho al libre acceso al agua y de esta manera se convirtieron en los primeros ciudadanos de Chihuahua en ser perseguidos y presos por defender el patrimonio ecológico del estado. Parece que quemar instalaciones de gobierno es más grave que cuidar los intereses de la población. El gobierno federal solo reconoce los presos políticos de los gobiernos anteriores, los de esta administración son viles delincuentes aunque los posibles delitos sean los mismos. La imagen de López Obrador y Armando Cabada es que no han perseguido criminales, solo activistas sociales, quien les cuestione.
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Posdata: El festival de cine de Cannes premio 2 películas mexicanas que hablan de asesinatos de activistas sociales. La cinematografía siempre ha expuesto los problemas de México y desmiente los números de Rosa Icela Rodríguez que dice que los delitos del fuero federal van a la baja y solo los electorales en aumento. Piensa que somos tontos.