Si en verdad Javier Corral tiene la firme convicción de acabar con la impunidad, ahí tiene las pruebas en el escritorio de la fiscal anticorrupción.

¿Investigará el gobernador de Chihuahua a uno de los suyos?

A lo largo de su quinquenio por concluir, el gobernador Javier Corral enarboló la lucha contra la corrupción de la pasada administración estatal, lo cual en ningún momento ha sido cuestionado.

El combate a la corrupción será la única herencia de la administración panista al pueblo de Chihuahua siempre y cuando se apegue al debido proceso; se haga justicia y no venganza con tintes electorales.

Hemos reconocido en innumerables ocasiones que la administración de César Duarte fue pródiga en obras, infraestructura, educación, salud, combate a la inseguridad, atracción de inversión y Chihuahua ocupó los primeros lugares en el país en diversas ramas de la economía.

De ello no hay la menor duda, ahí están los indicadores.

Hoy, para desgracia de Chihuahua, el estado se encuentra atrasado en prácticamente todos los indicadores económicos, la sociedad profundamente molesta por la inseguridad desbordada, sin obra pública, infraestructura, inversión, ni cobertura y calidad de los servicios de salud.

Una administración en bancarrota no por culpa del anterior gobierno, sino por la falta de capacidad y visión de Javier Corral y colaboradores de primer nivel.

Las diferencias entre uno y otro gobierno son muchas, pero no es el objetivo del presente análisis.

Tampoco la defensa de quienes se equivocaron en el ejercicio del servicio público, pero es preciso aclarar que no es válido “echar en el mismo costal” a todos los priistas.

Ahora me referiré a la corrupción en la administración de Javier Corral, concretamente el caso del Instituto Chihuahuense de Salud en el año 2018, bajo la dirección del doctor Ernesto Ávila Valdez, hoy reintegrado sospechosamente a la administración estatal bajo la figura de asesor, luego de su desastrosa y cuestionada función como secretario de Salud hasta hace unos meses.

De ese asunto y otros actos de corrupción en el gobierno de Javier Corral que he denunciado ante la Fiscalía General del estado, Fiscalía Anticorrupción y Secretaría de la Función Pública, me ocuparé en la siguiente entrega.

¡Hay mucha tela de donde cortar!

El caso del Ichisal en 2018, bajo la dirección del doctor Ernesto Ávila, es un botón de muestra que no debe quedar impune.

La Auditoría Superior del estado encontró una serie de irregularidades en el manejo de los recursos públicos y por ello presenté una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción, contra el citado médico y/o quienes resulten responsables, por el probable delito de uso ilegal de atribuciones y facultades previsto en el artículo 261 del Código Penal del estado.

El ente auditor encontró elementos violatorios de diversos ordenamientos como la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del estado de Chihuahua; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del estado de Chihuahua; Ley del Instituto Chihuahuense de Salud, Reglamento Interior del Instituto Chihuahuense de Salud y Ley Estatal de Salud.

En términos llanos, durante la gestión como titular del Ichisal por quien hoy aparece como flamante asesor y jefe de “Proyectos Especiales” de la Secretaría de Salud, se autorizaron millonarias compras de medicamentos de manera directa favoreciendo a determinadas empresas.

Aparece la aplicación de pintura al Hospital Infantil de Especialidades en la ciudad de Chihuahua sin supervisión alguna, la extraña omisión en el depósito de fianzas que por ley deben hacer los proveedores para garantizar el cumplimiento de un contrato, condonaciones de servicios con cargo al erario público de manera discrecional y la falta de un Sistema de Contabilidad Gubernamental para la administración de los recursos públicos.

Los resultados, observaciones y recomendaciones de la Auditoría Superior del estado fueron enviados a la Comisión de Fiscalización del Congreso del estado de Chihuahua, sin que a la fecha haya sido dictaminado.

Si en verdad Javier Corral tiene la firme convicción de acabar con la impunidad, ahí tiene las pruebas en el escritorio de la fiscal anticorrupción.

¿Investigará el gobernador de Chihuahua a uno de los suyos?

*Diputado Omar Bazán Flores. Licenciado en Derecho, vicepresidente del Congreso del estado.

Presidente del Comité Directivo estatal del PRI a partir de julio 2017.

Empresario, dos veces diputado federal, dirigente juvenil, así como de la CNOP y fundación Colosio en el estado de Chihuahua.